La negociación entre los gobiernos de México y Estados Unidos para lograr que se retiraran los cargos en contra del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, a quien se le relacionó con grupos del narcotráfico es, sin duda, un logro para la administración mexicana, pero podría convertirse en un elemento de presión para el sistema de justicia nacional.
Si bien el hecho de que las autoridades estadounidenses pidieran desestimar las acusaciones “por consideraciones de política exterior”, acreditan el trabajo realizado por la Secretaría que encabeza Marcelo Ebrard; no quitan la mancha en la reputación de quien fuera el “general secretario” durante la administración federal pasada.
“El Departamento de Justicia ha tomado la decisión de buscar desechar los cargos criminales estadounidenses contra el ex secretario Cienfuegos para que pueda ser investigado, si es apropiado, acusado bajo la ley mexicana”, indica el comunicado conjunto emitido por el procurador general de Estados Unidos, William Barr y el fiscal general de Justicia de México, Alejandro Gertz Manero.
Eso significa que ahora corresponderá al gobierno de México determinar si existen elementos para iniciar un proceso judicial en contra de Cienfuegos, aunque debe señalarse que no existe investigación alguna relacionada con su proceder al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es probable que el “no reconocimiento” del presidente, Andrés Manuel López Obrador, al virtual triunfo del candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, respondiera a las negociaciones que se mantenían entre el Departamento de Estado y Relaciones Exteriores, y también podría implicar un proceso de transición entre la política republicana de Donald Trump, y la visión demócrata que podría iniciar en enero próximo.
El secretario Ebrard declaró este miércoles que el general en retiro será trasladado “como ciudadano en libertad” y precisó que no viene como un detenido, pero recibirá la advertencia de que existe una averiguación penal abierta en su contra para ser juzgado, en virtud de que el gobierno estadounidense entregó evidencia –que llegó el 11 de noviembre pasado- para que sea valorada por las autoridades mexicanas.
A su vez, el presidente López Obrador expresó: “Va a haber una investigación. No es un acuerdo de impunidad, porque Estados Unidos no lo aceptaría y nosotros menos”.
La gestión diplomática del gobierno mexicano se entiende cuando se analiza el papel estratégico del Ejército en esta administración. En este mismo espacio, luego de la detención del ex secretario, señalamos algo de lo que se le ha encomendado a las fuerzas armadas de nuestro país: “Construir el nuevo aeropuerto internacional ‘Felipe Ángeles’; apoyar la atención al desabasto de gasolina con la custodia de pipas y la contratación de choferes; distribuir los libros de texto gratuitos; construir sucursales del Banco de Bienestar, así como dos tramos del Tren Maya; remodelar 32 hospitales abandonados y atender a pacientes infectados por el Covid-19, son algunas de las tareas asignadas a las fuerzas armadas en esta administración federal”.
Seguramente, el Ejército Mexicano no se encontraba cómodo con el golpe a su prestigio que significó la acusación en Estados Unidos hacia el hombre que lo dirigió durante seis años, y eso mantenía “incómodos” a los mandos militares, quienes –atendiendo al escalafón y la disciplina de la institución- colaboraron de cerca con el general Cienfuegos.
Ahora corresponderá a las autoridades mexicanas decidir qué ocurrirá en torno a las acusaciones realizadas en Estados Unidos contra Cienfuegos Zepeda y que inicialmente significaron un duro golpe para el gobierno mexicano; además de que no han quedado claras las razones por las cuales se decidió retirar los cargos. Incluso, el diario The Washington Post informó que las autoridades de México “amenazaron” con limitar el rol de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en territorio nacional, lo que fue interpretado como “un símbolo de la capacidad del gobierno mexicano para jugar fuerte con Estados Unidos y ganar”.
PERCEPCIÓN
Desde el Palacio de Gobierno estatal, en Toluca, se ha iniciado la promoción y el cabildeo para colocar un par de aspirantes a la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México; mientras que en la institución académica también han empezado a moverse una tercia –al menos- de titulares de Secretarías y un par de directores de organismos académicos.
